Sentencia histórica; por José Luis Martínez López-Muñiz, Catedrático de
Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Valladolid

28/06/2022


El día 27 de junio de 2022 se ha publicado, en el diario El Imparcial, un
artículo de José Luis Martínez López-Muñiz en el cual el autor opina sobre
la sentencia Dobbs.


SENTENCIA HISTÓRICA

Hace años que, en su difundido Curso de Derecho administrativo, escrito
junto con Tomás-Ramón Fernández, el profesor García de Enterría advertía muy
claramente que la noción actual de Estado de Derecho sólo puede sostenerse
“desde una posición de Derecho Natural” que es la que ha presidido “toda la
evolución política de Occidente hasta nuestros días”. Sin ello, la idea de
sometimiento del Poder al Derecho perdería su significado civilizador al
servicio de una efectiva garantía de cuanto reclama de los demás la dignidad
única e igual de todo ser humano en su condición esencial de persona, que lo
distingue de todos los demás seres materiales que nos circundan. Si el
nombre de Derecho se aplicara a cualquier sistema normativo coercible,
cualquiera que fuese su contenido, incluso aunque se reservara a aquel que
sea determinado democráticamente, prescindiendo de si protege efectivamente
la dignidad humana sin paliativos o incluso cuando permita o hasta favorezca
violar sus exigencias más elementales, la noción de Estado de Derecho
permitiría encubrir tal corrupción de la razón misma de ser del Estado.

Los Estados de Derecho, como todo lo humano, son valiosas estructuras, que
ha costado mucho erigir, que admiten perfeccionamientos, pero que, a la vez,
siempre están amenazadas -como todo lo bueno- por el riesgo de sufrir
restricciones, lesiones, heridas más o menos graves, que lo degraden y lo
minen en una u otra medida. No hay nada por sí mismo permanente e
irreversible en cuanto depende de la inteligencia, de la voluntad y de la
acción humana. Y, desde luego, lo mismo que un cuerpo enfermo no es un
cadáver y puede vivir muchos años con esa enfermedad, estable o en proceso
de agravamiento, pero puede también curarse, restablecerse y hasta llegar a
encontrarse mejor que antes de sufrir esa enfermedad, los Estados de
Derecho, manteniéndose en su conjunto con suficientes elementos como para
poder seguir reconociéndolos como tales, pueden sufrir heridas y
enfermedades, retrocesos, fallos, que pueden tener efectos corrosivos, pero
pueden también, obviamente, recuperarse, restablecerse y perfeccionarse.

La sentencia Dobbs que ha dictado el Tribunal Supremo americano el pasado
día 24 de junio ha venido a restañar una gran herida que ha venido dañando
al primero de los Estados de Derecho de la edad contemporánea -aunque
naciera con carencias tan importantes como la del mantenimiento de la
esclavitud de los afroamericanos, una notable falta de garantía de los
derechos de los indios, y otras-, con las repercusiones mundiales que suelen
seguirse de cuanto de relevante acontece en un país que ejerce una notable
hegemonía cultural, especialmente desde hace casi un siglo.

El daño producido al Estado de Derecho por la sentencia Roe vs. Wade, de
1973, reafirmado por la Planned Parenthood of Southeastern Pa. vs. Casey, de
1992, incidió en su esencia sustantiva -la protección de la dignidad de todo
ser humano y de sus derechos fundamentales- y en su componente instrumental,
también esencial a su concepto, que es el principio de separación de Poderes
bajo la supremacía de la Constitución. En lo primero, al negar e incluso
prohibir a los Estados de la Unión americana casi toda protección a la vida
del ser humano que recorre sus primeras etapas vitales en el seno materno,
frente a agresiones de terceros, es decir, al proclamar que de la
Constitución federal se desprendía un derecho al aborto con muy escasas
limitaciones. Y, en lo segundo, al permitirse el Tribunal Supremo hacer de
Poder constituyente al proclamar un derecho que ni explícita ni
implícitamente podía encontrarse en la Constitución de los EEUU y sus
enmiendas, impidiendo a la vez ejercer a los Estados de la Unión unas
competencias que no se habían transferido a la Unión por la Constitución
federal ni sus enmiendas.

En Dobbs el Supremo ha negado con rotundidad que la Constitución de los EEUU
ampare explícita o implícitamente un derecho al aborto, justificándolo por
extenso y mostrando las incoherencias e insuficiencias de Roe y Casey. “El
aborto es diferente” “de los derechos reconocidos en los casos en que se
apoyan Roe y Casey”, porque “destruye lo que Roe llamó una “vida potencial”
y la ley (de Misisipi) impugnada en este caso denomina “un ser humano no
nacido”“.

Pero, a la vez, enfatizando que no corresponde al Poder Judicial lo que es
propio de otros Poderes, ha devuelto al pueblo y a sus representantes en los
Estados la competencia “para regular el aborto”. Y es sumamente importante
este “recolocar” al transcendental Poder Judicial de la Unión en su sitio,
haciendo respetar los checks and balances instrumentalmente consustanciales
al Estado de Derecho y, también, al Estado federal norteamericano. Los
jueces están para interpretar y aplicar la ley, no para inventarla.

La trascendental rectificación operada con la sentencia Dobbs es expresión
de la voluntad de una gran mayoría de los jueces que componen actualmente el
Tribunal Supremo americano de actuar como los juristas que son y no como
políticos, como verdaderos jueces. Es un triunfo del Derecho. Con lo que no
quiere decirse que no haya sido esa también la voluntad subjetiva de la
minoría, pero parece bastante evidente que los que la formaron (dos de las
tres mujeres actuales del Tribunal y el Juez Breyer, que con esto se
despide), quizás imbuidos por la teoría de la “Constitución viviente”,
tienen sus cabezas formadas en una comprensión del Derecho que la hace en
exceso dependiente de apreciaciones sociológicas y políticas y asigna a los
jueces facultades que no deben reconocérseles en el Estado de Derecho.

Es verdad que los 6 magistrados que han votado a favor de ella fueron
designados -siempre con el necesario respaldo del Senado, para el que, desde
2013, por impulso demócrata, basta con su mayoría simple- por Presidentes
republicanos, mientras que los 3 que han votado en contra, lo fueron por
Presidentes demócratas, pero Roe, en 1973, salió adelante con el voto de 5
jueces designados por Presidentes republicanos y 2 más, designados por
Presidentes demócratas, votando en contra un juez nombrado por el demócrata
Kennedy y otro, que llegó a ser luego el Presidente del Tribunal, nombrado
no hacía mucho por el republicano Nixon (como 3 de los que conformaron la
mayoría). Y más aún: Todos los jueces del Tribunal que adoptó la sentencia
Casey, de 1992, que, aun de modo confuso y complejo, confirmó en la práctica
Roe, habían sido designados por Presidentes republicanos (Nixon, Ford,
Reagan y Bush), salvo uno, el ya dicho que fue designado por Kennedy, y ese
Tribunal dictó esa sentencia con 5 votos a favor y 4 en contra. El designado
por Kennedy volvió a votar en contra.

¿Por qué muchos presentan ahora la sentencia Dobbs como resultado de una
maniobra “conservadora”? ¿No habría tantas y más razones para decir eso de
las sentencias Roe y Casey?

La polémica sobre el aborto sintetiza un choque entre profundas convicciones
antropológicas. Está íntimamente relacionada con la comprensión de la
condición sexuada del ser humano y del sentido y condiciones que debe tener
cuanto atañe a la unión sexual. Todo esto y tantos otros aspectos vitales
que guardan conexión con ello es lo que se agita y tan apasionadamente, con
frecuencia, conscientemente o no tan conscientemente, tras tantos empeños.

El Supremo americano ha dictado, sí, una sentencia histórica cuyos efectos
“culturales” se van a hacer notar progresivamente en todo el mundo. Vendrán
otras. Hemos entrado en un nuevo ciclo, aunque no dejará de tener, como
todos, altos y bajos. De entrada, es mucha la gente que se alegra de ver que
el sentido común recupera posiciones y no pocos los juristas que saludamos
con satisfacción algo que restaña tan netamente al Estado de Derecho.

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Saludos cordiales
Pedro Andrés Porras Arboledas
Moderador de la lista der-histanmeder-l
Historia e Historia del Derecho
Universidad Complutense de Madrid
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